Ley de Prevención de Lavado de Dinero e Identificación de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita en México
Tocar el tema de la Ley Federal para la prevención e identificación de
operaciones con recursos de procedencia ilícita puede hacerse desde diferentes puntos de vista. El punto puede ser positivo o negativo. Todo
depende en dónde te encuentres tú o de la forma en que estás participando dentro del escenario nacional que pretende regular esta nueva Ley.
Puedes estar como generador o impulsor del proyecto; puedes estar como autoridad normativa o de supervisión; puedes estar ejerciendo funciones legislativas o ser entidad supervisada, o más aún, puedes ser uno de los nuevos entes que van a ser regulados.
Las leyes en materia de prevención de lavado de dinero no son nuevas en el mundo, toda vez que los lineamientos establecidos por los organismos internacionales marcan esa pauta y nuestro país no podría ser la excepción. Lo que México está haciendo con esta nueva Ley, es posicionarse dentro de los países con una mejor regulación para combatir el lavado de dinero y eso es muy buen
Hoy en día México es miembro de seis grupos internacionales contra el lavado de dinero y sin lugar a dudas podría afirmarse que los esfuerzos que desde hace tiempo ha venido realizando en el combate a tal delito son innegables, los cuales han seguido los principios que se dirigen al fortalecimiento de la regulación, supervisión y manejo de riesgo en el sector bancario principal, aunque no únicamente, y en esa lucha también participan siete organismos nacionales tanto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como de la Procuraduría General de la República, fundamentalmente.
No obstante el esfuerzo realizado en la materia por parte de todas las autoridades participantes en el mismo, el mes pasado nuestro país fue clasificado por el organismo denominado Global Financial Integrity, como la segunda economía mundial con los mayores flujos financieros ilícitos por 872 mil millones de dólares durante el período comprendido de 1970 y 2010, que si bien es cierto que es mucho tiempo, también lo es que es mucho dinero. En esa deshonrosa clasificación, superamos a Rusia quien quedó en tercer lugar, habiendo sido superados sólo por China.
De la misma forma, autoridades nacionales estiman que la delincuencia organizada ingresa al sistema financiero 35 mil millones de dólares al año, mientras que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público identificó recientemente que en el sistema financiero mexicano se registra un excedente de 10 mil millones de dólares al cierre del año fiscal, que presuntamente provienen de actos ilícitos.
En ese sentido, encontramos como países con menor riesgo, a Noruega, Estonia, Eslovenia, Suecia y Finlandia, mientras que Irán, Kenia, Camboya, Haití y Tayikistán, son considerados como los países con mayor riesgo; ubicándose a México en el lugar 73 de 140, con un riego superior en la zona, al de Brasil, Uruguay, El Salvador y Colombia. Por todo lo anterior, podríamos afirmar que lo malo es que este proceso para aprobar la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita se ha llevado un tiempo excesivo, tomando en cuenta que desde el 26 de agosto de 2010, fecha en que el Presidente Felipe Calderón firmó el Decreto por el que se expidió dicha Ley, y el inicio del próximo periodo de sesiones en que continuaría el referido proceso legislativo, toda vez que el Dictamen de la Cámara de Senadores fue regresado a la Cámara de origen por la Cámara de Diputados con modificaciones, habrán pasado más de dos años sin que hubiera sido aprobado este nuevo Ordenamiento.
Más aún, a esos dos años habría que agregarle el tiempo que podría ocupar la nueva legislatura a partir del mes de septiembre próximo, por lo que en el mejor de los casos, estaríamos contando con la nueva Ley para prevenir el lavado de dinero en el mes de diciembre de este año, fecha en que la misma se pudiera llegar a publicar en el Diario Oficial de la Federación.
LIC. TEODORO BRISEÑO MALDONADO
Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Ha realizado las siguientes actividades: Profesor de Derecho Mercantil, coordinador de esa materia y Director de la Carrera de Banca y Finanzas en la Escuela Bancaria y Comercial; profesor en la Universidad La Salle en la Maestría de Sistema Financiero Mexicano, por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Publicación de diversos artículos en el periódico El Financiero.
Ha impartido y tiene en desarrollo cursos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo; Sistema Financiero Mexicano; Derecho Bancario; Principios, Valores y Ética, y Decálogo de una relación laboral exitosa.
Laboró en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en donde en los últimos doce años estuvo al frente de la Dirección General Adjunta C; área encargada de la inspección y vigilancia de diversas entidades financieras, en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo.
Actualmente es Director del Área de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en el Despacho TMSourcing, SAPI de C.V