Por Claudia Sejas Avendaño
Introducción
La capacidad recaudatoria de un Estado determina su viabilidad para financiar servicios públicos esenciales, invertir en infraestructura y promover el desarrollo inclusivo. México, segunda economía de América Latina y miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) desde 1994, presenta una paradoja preocupante: a pesar de su desarrollo económico relativo, mantiene uno de los niveles más bajos de recaudación fiscal de la región. Este ensayo analiza comparativamente el desempeño tributario mexicano, identifica factores estructurales explicativos y propone estrategias para incrementar la eficiencia recaudatoria.
- I. El Rezago Mexicano en Perspectiva Regional
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2023) y la OCDE (2025), México recauda aproximadamente 17.7% del Producto Interno Bruto (PIB) en ingresos tributarios, contrastando dramáticamente con el promedio regional de 21.3%. Esta brecha de casi cinco puntos porcentuales representa aproximadamente 130,000 millones de dólares anuales no captados. México se ubica en los últimos lugares de América Latina, solo por encima de Guatemala con 14.0%) y Paraguay con 14.5%, y muy lejos del promedio OCDE de 33.9%.
Brasil lidera con 32.0% del PIB, seguido por Jamaica con 29.0%, Argentina con 27.8%, Uruguay con 27.4%, Costa Rica con 24.9% y El Salvador con 22.8%. Países con niveles de desarrollo similares o inferiores a México, como Colombia con 22.2%, Bolivia con 23.9% y Ecuador con 20.6%, recaudan más. Esta posición es paradójica considerando que México posee un PIB per cápita superior al promedio latinoamericano, un Índice de Desarrollo Humano de 0.758 y mayor industrialización.
El análisis estructural revela desequilibrios críticos. En Impuesto Sobre la Renta (ISR), México recauda 44.6% del PIB, superior al promedio regional de 29.6%. Sin embargo, en Impuesto al Valor Agregado (IVA) recauda apenas 24.2%, debajo del promedio latinoamericano de 28.5% e inferior a Barbados con 44.9%, Chile con 41.6%, El Salvador con 39.6.% y República Dominicana con 34.5%. La eficiencia del IVA mexicano es de 40%, mientras el promedio regional alcanza 57% y Chile supera con 60%. Esto se explica por la tasa cero en alimentos y medicinas, exenciones amplias, tasa reducida fronteriza del 8%, e informalidad. En impuestos sobre propiedad, México capta solo 1.7% del PIB, donde el promedio es 3.8% (OCDE, 2023).
- Causas Estructurales del Rezago Tributario
Economía informal masiva. La informalidad laboral del 55.4% en México representa el obstáculo más crítico (INEGI, 2023). A diferencia de países centroamericanos con alta informalidad, pero economías pequeñas, México tiene una economía grande donde la informalidad genera pérdidas masivas en términos absolutos. Chile con 28% y Uruguay con 28.5% han reducido significativamente la informalidad mediante formalización progresiva, simplificación administrativa y fiscalización efectiva. Brasil, con 39% de informalidad, recauda más gracias a un sistema de seguridad social más robusto y una administración tributaria efectiva.
Diseño tributario deficiente. Los gastos fiscales representan 3.5% del PIB, pero su estructura es particularmente regresiva. La tasa cero del IVA en alimentos y medicinas, aunque busca proteger a la población vulnerable, beneficia desproporcionadamente a sectores de mayores ingresos que consumen mayor volumen y valor de estos bienes. Chile ofrece un contraste instructivo: aplica IVA general del 19% con mínimas excepciones y compensa a población vulnerable mediante transferencias directas dirigidas, diseño más eficiente recaudatoriamente y más progresivo distributivamente. El Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), aunque busca formalización, reduce significativamente la carga fiscal sin garantizar transición efectiva al régimen general.
Federalismo fiscal disfuncional. México presenta centralización los estados recaudan apenas el 15.5%. Los municipios dependen 80-95% de participaciones federales, careciendo de incentivos para fortalecer recaudación propia (CIDE, 2022). El impuesto predial genera recursos mínimos por catastros obsoletos, valuaciones desactualizadas y falta de voluntad política. Colombia, país unitario, ha implementado descentralización más efectiva con gobiernos subnacionales recaudando 21% del total.
Legado petrolero. México desarrolló dependencia histórica de ingresos petroleros que representaban 30-40% de ingresos públicos hasta los años 2000, retrasando reformas fiscales y generando una «cultura de renta petrolera» (Esquivel, 2022). Actualmente Pemex representa una carga fiscal por endeudamiento y pérdidas operativas, mientras subsidios a gasolinas y electricidad cuestan 2-3% del PIB anualmente. Chile y Uruguay construyeron sistemas eficientes sin contar con recursos petroleros significativos.
Debilidad institucional relativa. El Servicio de Administración Tributaria (SAT), aunque por encima del promedio regional, está por debajo de las administraciones más efectivas. El Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) de Perú destacan por autonomía técnica, profesionalización extrema y estabilidad institucional. El SAT enfrenta mayor interferencia política, con cambios de dirección con cada administración sexenal, y un sistema de justicia fiscal más lento y litigioso (SAT, 2023).
III. Lecciones Regionales y Propuestas para México
Modelo chileno: eficiencia del IVA. Chile construyó el sistema de IVA más eficiente de América Latina mediante tasa única del 19% aplicada universalmente, con mínimas excepciones. Utiliza transferencias directas dirigidas en lugar de exenciones generalizadas. México podría implementar reforma gradual eliminando tasa cero en alimentos y medicinas, combinada con transferencias directas a los cuatro deciles de menores ingresos, incrementando recaudación en 3.5% del PIB sin afectar a población vulnerable. La implementación gradual en cinco años permitiría ajustes necesarios.
Modelo uruguayo: pacto social y reforma integral. Uruguay logró en 2007 reforma tributaria integral mediante diálogo social amplio de dos años involucrando gobierno, empresarios, sindicatos, academia y sociedad civil. La reforma eliminó impuestos distorsionantes, creó el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con estructura progresiva y vinculó explícitamente el incremento recaudatorio con mejoras específicas en servicios públicos (CEPAL, 2023). México requiere un «Gran Pacto FiscalNacional» trascendiendo el ciclo sexenal y construyendo consensos multipartidistas. La reforma del ISR debe incorporar mayor progresividad mediante nuevos tramos para ingresos superiores a cinco millones de pesos anuales, eliminación de deducciones regresivas y gravamen efectivo a ganancias de capital.
Modelo brasileño: federalismo fiscal efectivo. Brasil ofrece lecciones sobre federalismo efectivo donde estados recaudan el Impuesto sobre la Circulación de Bienes y Servicios (ICMS) y municipios el Impuesto Sobre Servicios (ISS), generando corresponsabilidad fiscal real. México debe fortalecer la recaudación subnacional mediante tres estrategias: transferir potestades tributarias específicas a estados; implementar un Programa Nacional de Modernización Catastral utilizando tecnología satelital, drones y sistemas de información geográfica; y condicionar participaciones federales al esfuerzo recaudatorio propio. Estas medidas podrían incrementar la recaudación subnacional del 5% al 15% del total en diez años, generando aproximadamente 0.8% del PIB adicional.
Modelo peruano: excelencia institucional. La Superintendencia de Aduanas Nacional y de Administración Tributaria (SUNAT) representa el estándar de excelencia regional basado en autonomía técnica y presupuestaria garantizada por ley, estabilidad de directivos mediante periodos fijos no coincidentes con ciclos políticos, profesionalización extrema del personal con salarios competitivos y meritocracia estricta, e innovación tecnológica continua. México debe reformar el marco legal del SAT garantizando autonomía: jefe del SAT con periodo fijo de 6-8 años no coincidente con sexenio, designado mediante proceso transparente con participación del Congreso; Consejo de Administración con participación ciudadana supervisando la gestión; y presupuesto garantizado como porcentaje mínimo de la recaudación.
Modelo colombiano: formalización progresiva. Colombia ha implementado estrategias de formalización mediante regímenes simplificados que reducen gradualmente barreras. México debe mejorar RESICO incorporando mayor gradualidad: primer año solo requeriría registro y facturación electrónica sin pago de impuestos; años subsecuentes incrementarían progresivamente tasas (5%, 10%, 15%, 20%) hasta régimen general en el sexto año. Complementar con incentivos positivos: acceso preferencial a créditos bancarios y gubernamentales, seguridad social subsidiada durante primeros años, reducción drástica de trámites mediante ventanillas únicas digitales, y certificaciones de cumplimiento facilitando acceso a mercados formales.
Conclusión
México enfrenta un desafío fiscal significativo que limita su capacidad para financiar servicios públicos de calidad e invertir en infraestructura. Sin embargo, el análisis comparativo demuestra que no se trata de obstáculos insuperables. Países regionales con menores niveles de desarrollo han logrado recaudaciones superiores mediante reformas integrales, pactos sociales amplios y fortalecimiento institucional sostenido. La estrategia propuesta no se basa en crear nuevos impuestos sino en ampliar la base tributaria mediante formalización, reducir la evasión mediante tecnología, eliminar tratamientos preferenciales injustificados y fortalecer capacidad institucional. El éxito requiere tres condiciones fundamentales: voluntad política sostenida trascendiendo el ciclo sexenal; pacto social amplio vinculando el esfuerzo fiscal con mejoras tangibles en servicios públicos; y fortalecimiento institucional garantizando autonomía y profesionalización del SAT. La experiencia latinoamericana demuestra que es posible construir sistemas tributarios más eficientes, equitativos y legítimos. México tiene el potencial para lograrlo.
Juan Manuel Altamirano
Director de Ingeniería Fiduciaria
